El Gobierno Nacional suspendió de manera arbitraria la renovación de licencias de INASE para cannabis y cáñamo.
En una decisión que contradice la propia legislación vigente y va en contra del desarrollo de una industria con alto potencial económico, el Gobierno Nacional ha decidido suspender las renovaciones de licencias del Instituto Nacional de Semillas (INASE) para las especies de cannabis y cáñamo industrial. Esta medida, que carece de fundamentos técnicos o jurídicos claros, representa un grave retroceso para el sector y un ataque directo a la seguridad jurídica de productores, emprendedores e inversores.
Una Decisión Injustificada y Arbitraria
Las leyes 27.350 y 27.669 establecen con claridad un marco regulatorio para el desarrollo del cannabis medicinal y del cáñamo industrial en Argentina. Dichas normas fueron diseñadas para promover el crecimiento de esta industria y garantizar el acceso a tratamientos médicos basados en cannabis. Además, la ARICCAME (Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal) fue creada para garantizar el cumplimiento de estos marcos legales, supervisando y emitiendo las autorizaciones necesarias para los actores del sector.
Sin embargo, la reciente decisión del Gobierno de frenar sin explicaciones oficiales la renovación de licencias de INASE viola la seguridad jurídica y perjudica a cientos de proyectos que confiaron en un marco regulado para operar de manera legal. Esta medida arbitraria:
- Desconoce la legislación vigente, en la cual se establece el derecho de productores y empresas a operar bajo regulaciones claras.
- Genera incertidumbre para las inversiones, desalentando a los emprendedores nacionales y extranjeros interesados en desarrollar esta industria en el país.
- Impide el crecimiento de una cadena productiva con impacto positivo en economías regionales, afectando desde cooperativas agrícolas hasta pymes y grandes empresas del sector.
¿Libre Mercado? Solo para Algunos Sectores
Esta suspensión también pone en evidencia una contradicción flagrante dentro del discurso oficial del Gobierno. Mientras se promueven reformas para reducir la burocracia y eliminar regulaciones en otros sectores económicos, se pone un freno sin justificación al cannabis medicinal y al cáñamo industrial, industrias que han sido impulsadas en todo el mundo por su impacto positivo en la salud, el medioambiente y la economía.
Resulta paradójico que, en un país que necesita atraer inversiones y fomentar industrias emergentes, se decida bloquear sin motivos una actividad que ya estaba en pleno crecimiento y con un marco normativo definido. En contraste, países como Uruguay, Colombia y Estados Unidos han entendido el valor de esta industria y avanzan hacia regulaciones claras y favorables.
El Impacto de la Suspensión en Pacientes y Productores
Más allá del perjuicio económico, esta medida también afecta a miles de pacientes que dependen del cannabis medicinal como parte de sus tratamientos. La Ley 27.350 establece que el Estado debe garantizar el acceso al aceite de cannabis y sus derivados para quienes lo necesiten. Sin embargo, al frenar la producción nacional mediante la suspensión de licencias, se limita la oferta y se encarece el acceso, obligando a los pacientes a recurrir a productos importados más costosos.
Además, para los productores de cáñamo industrial, esta decisión frena la posibilidad de desarrollar una industria sustentable y con múltiples aplicaciones, desde textiles hasta bioplásticos y materiales de construcción ecológicos.
Joaquin Chiavazza Abogado Especialista en licencias de Cannabis Medicinal y Cañamo Industrial