Muchas son las dudas y consultas que se han empezado a generar en la comunidad cannábica nacional a partir de declaraciones de voceros oficiales y algunas resoluciones administrativas que han modificado o restringido el acceso o la posibilidad de producir Cannabis con fines medicinales en Argentina a partir del cambio de gobierno operado en fines de 2023. A continuación, hacemos un breve repaso objetivo de las modificaciones existentes de hecho y de derecho.
Por un lado, cabe destacar que las leyes que oportunamente se sancionaron (Cannabis Medicinal n° 27.350 de Marzo de 2017 y la más reciente, n° 27.669 de promoción industrial de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial) siguen plenamente vigente y por lo cual rigen tanto para la sociedad como para el estado y el gobierno. Incluso, a la fecha, no ha habido ninguna propuesta de modificación de estas y tampoco se ven afectadas o incorporada alguna modificación en la denominada “ley bases” presentada por el oficialismo nacional.
Lo que si ha sucedido es que se han suspendido la inscripción en la especie “cannabis” en el registro de INASE (instituto nacional de la semilla), a partir del 01/05/2024, desde entonces solo es posible inscribirse en la especie “cáñamo” (para trabajar con cultivos de thc – 1%). Además, el INASE tampoco está aprobando la inscripción de nuevas variedades en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas, y esta misma resolución plantea que a partir de la misma se requiere una preaprobación por parte del Ministerio de Salud de la Nación a los fines de aprobar la inscripción de una semilla de cannabis nueva. Esta última decisión particularmente afecta a muchos Fito mejoradores que han realizado todas las acciones posibles y necesarias conforme a la ley para obtener el registro y patentamiento de su semilla, y hoy no obtienen respuesta del estado habiendo generado un gasto de tiempo y recursos económicos, en principio, en vano. Para esta situación proponemos soluciones judiciales.
Por otro lado, y con cierta gravedad el REPROCANN (registro del programa de cannabis) prácticamente ha dejado de funcionar, pero no en virtud de ninguna norma jurídica sino de manera práctica, dado que según fuentes oficiales ingresan una enorme cantidad de solicitudes diarias y solo se aprueban algunas muy puntuales. A su vez, las ONGs que requieren la aprobación final de reprocann para funcionar tampoco están obteniendo respuesta por parte del registro, lo cual supone otro hecho de gravedad para todos aquellos que se organizaron, armaros sus asociaciones civiles, invirtieron dinero, tiempo y energía siguiendo todos los pasos de la ley para que luego el gobierno tan sol66 de manera procedimental vete el funcionamiento de estas.
En cuanto al ARICCAME, que es la institución que otorga las licencias a las empresas para poder producir y comercializar cannabis medicinal, actualmente se encuentra fuera de funcionamiento por haber renunciado todos los directores de este en virtud del cambio de gobierno. En este sentido el gobierno nacional tiene la capacidad de impulsar la designación de nuevos directores para poder poner en marcha nuevamente esta institución, que antes de desintegrarse emitió 6 autorizaciones para empresas privadas y publico – privadas.
En todos estos hechos (REPROCANN, ARICCAME y SENASA) se trata de organismos nacionales dependientes del poder ejecutivo nacional y el principal método judicial para obtener las inscripciones que correspondan son el amparo por mora en la administración pública del art. 28 de la ley de procedimientos administrativos, ya que como mencionábamos al principio, el marco regulatorio sigue vigente, no está siendo discutido y es obligatorio tanto para las personas como para los gobiernos.
Si tenes alguna duda o consulta al respecto, no dudes en escribirme.
Joaquin Chiavazza es Abogado, Docente en la Facultad de Derecho de la UNR y se encuentra especializándose en Derecho Penal. A su vez trabaja en el área de Vinculación Social y Tecnológica de la Facultad de Derecho de la UNR, promoviendo proyectos y programas de gestión mixta entre el sector privado y el público científico – tecnológico. En particular es asesor, representante, gestor, participante y director de distintas propuestas vinculadas a la cadena productiva del Cannabis y el Cáñamo.
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