🔬 Proyectos de I+D en Cannabis Medicinal: ¿Investigación o Concentración Encubierta?
Por Joaquin Chiavazza – Abogado especializado en legislación de cannabis medicinal La flamante Resolución 1780/2025 del Ministerio de Salud, que reformula el régimen del REPROCANN, trae consigo un nuevo jugador que bien merece nuestra atención: las “Personas Jurídicas que integren Proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D)”. Bajo un discurso técnico y sanitario, el Estado habilita un esquema con sabor a concentración, en el que ciertos actores podrían consolidar un monopolio científico–productivo disfrazado de innovación. ¿Qué son los Proyectos de I+D? En apariencia, se trata de entidades (empresas, asociaciones civiles, fundaciones) legalmente constituidas en la Argentina, que presentan proyectos “científicos” en el marco de la Ley 27.350. Estas organizaciones no solo podrán inscribirse en REPROCANN, sino también ser proveedoras de las ONGs y cultivar cannabis medicinal para hasta 150 pacientes, con posibilidad de ampliar ese número a través de autorizaciones especiales. No se requiere mucha imaginación para prever quiénes tienen la capacidad técnica, administrativa y logística para jugar este partido. Requisitos formales: burocracia de alta gama Un proyecto “I + D” es basicamente la union de una empresa y/o ONG con una institucion cientifica tecnologica, como lo puede ser una Universidad Publica o algun organismo cientifico dependiente de ella como el CONICET o similar, que se uniran en un proyecto de investigacion y desarrollo sobre cannabis medicinal efectivizado a traves de un convenio de cooperacion. La Resolución 1780 exige ademas a estos entes: En teoría, esto garantiza un manejo “profesional y transparente”. En la práctica, construye un saco a medida de algunas empresas que ya cuentan con vinculaciones con estos organismos cientificos y que probablemente incluso ya cuenten con el visto bueno por parte del gobierno para obtener las autorizaciones de REPROCANN para funcionar. Es que no cualquiera puede fundar una empresa, llegar a conveniar un proyecto de investigacion y desarrollo con una Universidad reconocida y / o centro de investigacion, anotar dicho convenio en REPROCANN (con las demoras actuales), inscribirse en ANMAT (con la dificultd que esto implica), cumplir con todos estos nuevos requisitos extras que solicita la resolucion, sin tener la certeza de que va a poder funcionar y operar finalmente. Y todo esto sin considerar el gasto de inversion en desarrollar un cultivo de estas escalas. Ventajas ocultas: más poder, más control Estas personas jurídicas tienen beneficios significativos: Y lo más curioso: no se exige evidencia científica preexistente, ni parámetros mínimos de validación para los “proyectos de investigación”. Basta con cumplir los requisitos documentales y el relato técnico. Esto da lugar a pensar que la vara no está en la ciencia, sino en el acceso a recursos y relaciones políticas. Los requisitos en si no son dificiles de cumplir, pero la cuestion esta en si cumplidos los mismos se obtendran las debidas autorizaciones o si solo saldran para algunas cercanas al poder de turno. Una puerta trasera para la industrialización elitista El tono del Ministerio suena sanitario, pero el efecto práctico es corporativo. Mientras los cultivadores solidarios enfrentan restricciones (1 usuario, doble cultivo máximo), las entidades de I+D obtienen licencias amplias, renovables y con prerrogativas técnicas. ¿Quiénes serán estas “personas jurídicas”? ¿Fundaciones médicas con socios empresarios? ¿ONGs con vínculos estatales? ¿Startups con inversores internacionales? El texto no lo prohíbe. Más bien, lo facilita. Conclusión: ¿Cannabis para todos o solo para algunos? El espíritu original de la Ley 27.350 fue garantizar el acceso seguro, inclusivo y no comercial al cannabis medicinal. Sin embargo, las nuevas regulaciones parecen sugerir un giro hacia una tecnocracia cannábica, donde la “investigación” se convierte en una herramienta para concentrar permisos y excluir al cultivador independiente. Probablemente se trate de esas empresa o proyectos provinciales de mediana y gran escala que han sabido servirse de la proteccion e impulso de gobiernos provinciales para poder sobrellevar sin sobresaltos los vaivenes de la seguridad juridica del rubro. Como abogados, como pacientes y como ciudadanos, debemos exigir que la ciencia no sea excusa para la desigualdad. Que la salud no se convierta en negocio exclusivo. Y que la investigación no sea el nombre elegante de un nuevo privilegio legal.
Crónica de una muerte anunciada
El Gobierno Nacional suspendió de manera arbitraria la renovación de licencias de INASE para cannabis y cáñamo. En una decisión que contradice la propia legislación vigente y va en contra del desarrollo de una industria con alto potencial económico, el Gobierno Nacional ha decidido suspender las renovaciones de licencias del Instituto Nacional de Semillas (INASE) para las especies de cannabis y cáñamo industrial. Esta medida, que carece de fundamentos técnicos o jurídicos claros, representa un grave retroceso para el sector y un ataque directo a la seguridad jurídica de productores, emprendedores e inversores. Una Decisión Injustificada y Arbitraria Las leyes 27.350 y 27.669 establecen con claridad un marco regulatorio para el desarrollo del cannabis medicinal y del cáñamo industrial en Argentina. Dichas normas fueron diseñadas para promover el crecimiento de esta industria y garantizar el acceso a tratamientos médicos basados en cannabis. Además, la ARICCAME (Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal) fue creada para garantizar el cumplimiento de estos marcos legales, supervisando y emitiendo las autorizaciones necesarias para los actores del sector. Sin embargo, la reciente decisión del Gobierno de frenar sin explicaciones oficiales la renovación de licencias de INASE viola la seguridad jurídica y perjudica a cientos de proyectos que confiaron en un marco regulado para operar de manera legal. Esta medida arbitraria: ¿Libre Mercado? Solo para Algunos Sectores Esta suspensión también pone en evidencia una contradicción flagrante dentro del discurso oficial del Gobierno. Mientras se promueven reformas para reducir la burocracia y eliminar regulaciones en otros sectores económicos, se pone un freno sin justificación al cannabis medicinal y al cáñamo industrial, industrias que han sido impulsadas en todo el mundo por su impacto positivo en la salud, el medioambiente y la economía. Resulta paradójico que, en un país que necesita atraer inversiones y fomentar industrias emergentes, se decida bloquear sin motivos una actividad que ya estaba en pleno crecimiento y con un marco normativo definido. En contraste, países como Uruguay, Colombia y Estados Unidos han entendido el valor de esta industria y avanzan hacia regulaciones claras y favorables. El Impacto de la Suspensión en Pacientes y Productores Más allá del perjuicio económico, esta medida también afecta a miles de pacientes que dependen del cannabis medicinal como parte de sus tratamientos. La Ley 27.350 establece que el Estado debe garantizar el acceso al aceite de cannabis y sus derivados para quienes lo necesiten. Sin embargo, al frenar la producción nacional mediante la suspensión de licencias, se limita la oferta y se encarece el acceso, obligando a los pacientes a recurrir a productos importados más costosos. Además, para los productores de cáñamo industrial, esta decisión frena la posibilidad de desarrollar una industria sustentable y con múltiples aplicaciones, desde textiles hasta bioplásticos y materiales de construcción ecológicos. Joaquin Chiavazza Abogado Especialista en licencias de Cannabis Medicinal y Cañamo Industrial